19 octubre, 2011

El Parlament inicia el proceso de supresión de empresas públicas a instancias del PPC



La portavoz adjunta del grupo parlamentario del PPC, Llanos De Luna, ha celebrado hoy que el Parlament haya dado luz verde a la tramitación de una Proposición de Ley del PPC que reduce y elimina estructuras públicas de la Generalitat. Con la retirada de la enmienda a la totalidad de CiU, el Parlament inicia el trámite para convertir la propuesta del PPC en ley.

Llanos De Luna  ha explicado que la proposición tiene como objetivo “simplificar la complejidad del entramado de estructuras públicas de la Generalitat, como sociedades mercantiles, entidades autónomas comerciales, financieras o industriales, los consorcios y las empresas públicas”. “La segunda finalidad es racionalizar, reducir y reestructurar el sector público no administrativo con el objetivo de hacerlo más ágil, eficaz y eficiente”, ha añadido. En este sentido ha señalado que “la reducción de entes públicos y organismos como forma de reducción del gasto público es acuciante en estos momentos”.

La diputada ha detallado que esta ley afectaría a 661 entidades, que son las entidades participadas por la Generalitat. “Todas ellas acumulan una deuda de 7.963 millones de euros, que “sumados a los 38.530 millones de euros de la Generalitat suman 46.493 millones de euros de deuda”. “Mantener todas estas estructuras administrativas, lo que supone aumentar el gasto y el déficit, no se entendería en unos momentos de grandes recortes en sanidad y servicios sociales como los que estamos viviendo”, ha añadido.

De Luna ha puesto como ejemplo a Castilla La Mancha, Galicia y Baleares, “donde los recortes se han hecho sin tocar la sanidad”. “Es una cuestión de prioridades”, ha señalado.

La propuesta del PPC está centrada en 3 ejes: suprimir las entidades autónomas comerciales, industriales y financieras; reconducir la categoría de ‘entidades autónomas’ a una única de ‘entidades autónomas administrativas’; y simplificar de 3 a 2 las categorías de empresas públicas centrándolo en sociedades civiles o mercantiles y entidades de derecho público.

“Con esta modificación conseguimos no sólo reducir y clarificar las clases y tipos de entes instrumentales, sino también reducir y adelgazar el hipertrófico sector público catalán”, ha explicado.

De Luna ha cuantificado el ahorro que supondría la supresión de empresas –tal y como está contenida en la propuesta del PPC en 1.200 millones de euros. “Dinero que podría utilizarse con creces para paliar la desviación del presupuesto de Sanidad que ha sido de 850 millones de euros”.

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